Las principales instituciones agroindustriales de Argentina, Brasil y Paraguay, en el marco del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (Epas), firmaron un comunicado conjunto en rechazo al Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación, una norma que —según advirtieron— impone obligaciones unilaterales y extraterritoriales que afectan directamente la competitividad exportadora de la región, supo AIM.
El documento, al que accedió AIM y que forma parte de la plataforma política y técnica creada durante la 2° Cumbre AgroGlobal Sudamericana, marca un hito en la coordinación sudamericana frente a regulaciones internacionales que impactan sobre las economías rurales. El Epas reúne a legisladores y entidades del agro de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, …
Las principales instituciones agroindustriales de Argentina, Brasil y Paraguay, en el marco del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (Epas), firmaron un comunicado conjunto en rechazo al Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación, una norma que —según advirtieron— impone obligaciones unilaterales y extraterritoriales que afectan directamente la competitividad exportadora de la región, supo AIM.
El documento, al que accedió AIM y que forma parte de la plataforma política y técnica creada durante la 2° Cumbre AgroGlobal Sudamericana, marca un hito en la coordinación sudamericana frente a regulaciones internacionales que impactan sobre las economías rurales. El Epas reúne a legisladores y entidades del agro de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, configurando un espacio plural orientado a la integración productiva y la defensa de la soberanía.
Un frente regional ante una norma europea que preocupa al agro
Según pudo saber AIM el comunicado fue impulsado inicialmente por instituciones del sector privado agroindustrial de Argentina, Brasil y Paraguay —los países más expuestos a los efectos del Eudr—, aunque quedó abierto a la adhesión de los demás miembros del Epas.
El texto expresa un rechazo categórico al reglamento europeo, señalando que:
Es extraterritorial y unilateral, aprobado sin consulta previa a los países productores.
Es incompatible con el derecho internacional y con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Viola el principio acordado en la ONU sobre cambio climático, según el cual las medidas ambientales no deben transformarse en restricciones encubiertas al comercio.
Traslada costos desproporcionados a productores y pymes rurales, afectando el desarrollo local.
Asimismo, objeta la clasificación de “riesgo estándar” que la UE asignó a varios países sudamericanos, por haber sido definida sin criterios científicos claros y sin considerar avances nacionales en legislación ambiental y trazabilidad productiva.
Según informaron a AIM las instituciones firmantes, cada país aportó sus argumentos técnicos y políticos:
Argentina
Rechazó formalmente el Eudr desde el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Afirmó contar con sistemas robustos de trazabilidad, como Senasa, Arca y la carta de porte digital.
Propuso trazabilidad documental auditada como alternativa viable.
Alertó sobre la inviabilidad ambiental y logística de la segregación física.
Brasil
A través del Instituto Pensar Agropecuária (IPA), impulsó la Ley 15.122/2025, una norma de defensa soberana frente a medidas que perjudiquen la competitividad agroexportadora.
Denunció que el Eudr contraviene tratados internacionales y afecta la sostenibilidad productiva.
Paraguay
Mediante la Unión de Gremios de la Producción (UGP), rechazó el reglamento por considerarlo discriminatorio y contrario al comercio internacional.
Señaló que la norma desconoce la legislación forestal nacional y genera inseguridad jurídica.
Promovió alternativas como el sistema de balance de masas, ya utilizado en mercados globales.
Estas posturas, representan una posición sudamericana en consolidación que prioriza el multilateralismo y exige respeto a la soberanía normativa de cada Estado, informaron desde el comité regional.
Qué piden y qué buscan los países del Epas
El comunicado sostiene que los países del Epas:
Rechazan el Eudr en su forma actual.
Exigen que la UE reconozca la equivalencia de las legislaciones ambientales sudamericanas.
Advierten que el reglamento genera impactos económicos negativos, eleva costos y afecta al productor rural.
Reclaman la revocación del reglamento y su revisión integral en base a criterios multilaterales, técnicos y de cooperación.
Plantean que cualquier normativa global debe construirse con diálogo, transparencia y respeto a la soberanía de cada país.
El comunicado fue firmado por Ángeles Naveyra (Fundación Barbechando – Argentina), Tania Zanella (Instituto Pensar Agropecuária – Brasil) y Héctor Cristaldo (Unión de Gremios de la Producción – Paraguay).
Una señal política en un momento clave
La creación del Epas —explicaron a AIM— brinda una plataforma inédita para que legisladores y referentes del agro sudamericano actúen de manera coordinada frente a desafíos regulatorios globales.
El objetivo central: defender la competitividad del agro, fortalecer la articulación regional y construir soluciones multilaterales sin imposiciones externas.
En un contexto global donde crecen las exigencias ambientales y los estándares de trazabilidad, Sudamérica se organiza para evitar quedar en desventaja y para sostener a uno de los complejos productivos más relevantes de su economía.